La lista sigue hasta completar los, al menos, 226 civiles asesinados
durante los últimos dos meses en Turquía debido a “operaciones
militares” y atentados sin esclarecer. Un reguero de sangre donde la
masacre de Ankara es el último capítulo de una serie de crímenes que
apuntan al Estado turco como directo responsable y que ya se han cobrado
la vida de 531 personas desde 2011.
La masacre del sábado 10 de octubre fue perpetrada al explosionar dos bombas en medio de una “marcha por la paz”, convocada por organizaciones de izquierda turcas y apoyada por el HDP (Partido Democrático de los Pueblos), en contra de la política del gobierno de Erdogan (Presidente de Turquía). Inmediatamente después de las explosiones llegaron al lugar cientos de antidisturbios impidiendo el paso de las ambulancias. Los manifestantes tuvieron que apartar a la policía para permitir el paso de la ayuda sanitaria. La policía acabó cargando y lanzando gases lacrimógenos contra los heridos. Y finalmente tuvieron que ser algunos taxis los que acercaran muchos heridos a los hospitales. De hecho, la Asociación de Médicos de Turquía denunció el no haber podido atender a los heridos debido a los gases lacrimógenos de la policía. Una actuación de las fuerzas gubernamentales que no parece ser la mejor forma de proceder, especialmente si se pretende evitar más muertes… aunque, ciertamente, no parece ser ésa la preocupación del gobierno de Erdogan.
En las horas siguientes a la masacre, el régimen turco ha vuelto a bloquear twitter y facebook. Ha prohibido difundir fotos del atentado alegando motivos de "seguridad" ya que, según la agencia pública de noticias Anatolia, lo que se buscaría con dicha prohibición es “evitar la difusión de información que se considera propaganda terrorista".
A esta censura se suma la persecución a periodistas y las declaraciones del ministro turco Eroğlu calificando a las víctimas de “provocadores” y a la manifestación de “manifestación terrorista que pretende sembrar la discordia social”. Mientras, el alcalde de Ankara acusó al propio HDP de la autoría del atentado para, según él, “hacerse la víctima y ganar simpatías”. Además la policía cargó contra la marcha-funeral en homenaje a las víctimas del atentando que tuvo lugar ayer y detuvo a 11 militantes del HDP en distintas ciudades del país.
Y es que en Turquía cualquier mínima oposición a la política gubernamental es calificada de terrorista. Justificándose así cualquier asesinato. Sirva como ejemplo el asesinato a manos de la policía de Berkin Elvan, un niño de 14 años, acusado de terrorismo por Erdogan. La ecuación se lleva repitiendo constantemente hasta hoy. Se trata de una política intensificada desde las elecciones del pasado junio, cuando el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, presidido por Erdogan) perdió la mayoría absoluta y el partido pro kurdo, HDP, creció en votos. Se trata de otro macabro mecanismo del sistema de poder turco para aterrorizar a la oposición.
La masacre del sábado 10 de octubre fue perpetrada al explosionar dos bombas en medio de una “marcha por la paz”, convocada por organizaciones de izquierda turcas y apoyada por el HDP (Partido Democrático de los Pueblos), en contra de la política del gobierno de Erdogan (Presidente de Turquía). Inmediatamente después de las explosiones llegaron al lugar cientos de antidisturbios impidiendo el paso de las ambulancias. Los manifestantes tuvieron que apartar a la policía para permitir el paso de la ayuda sanitaria. La policía acabó cargando y lanzando gases lacrimógenos contra los heridos. Y finalmente tuvieron que ser algunos taxis los que acercaran muchos heridos a los hospitales. De hecho, la Asociación de Médicos de Turquía denunció el no haber podido atender a los heridos debido a los gases lacrimógenos de la policía. Una actuación de las fuerzas gubernamentales que no parece ser la mejor forma de proceder, especialmente si se pretende evitar más muertes… aunque, ciertamente, no parece ser ésa la preocupación del gobierno de Erdogan.
En las horas siguientes a la masacre, el régimen turco ha vuelto a bloquear twitter y facebook. Ha prohibido difundir fotos del atentado alegando motivos de "seguridad" ya que, según la agencia pública de noticias Anatolia, lo que se buscaría con dicha prohibición es “evitar la difusión de información que se considera propaganda terrorista".
A esta censura se suma la persecución a periodistas y las declaraciones del ministro turco Eroğlu calificando a las víctimas de “provocadores” y a la manifestación de “manifestación terrorista que pretende sembrar la discordia social”. Mientras, el alcalde de Ankara acusó al propio HDP de la autoría del atentado para, según él, “hacerse la víctima y ganar simpatías”. Además la policía cargó contra la marcha-funeral en homenaje a las víctimas del atentando que tuvo lugar ayer y detuvo a 11 militantes del HDP en distintas ciudades del país.
Y es que en Turquía cualquier mínima oposición a la política gubernamental es calificada de terrorista. Justificándose así cualquier asesinato. Sirva como ejemplo el asesinato a manos de la policía de Berkin Elvan, un niño de 14 años, acusado de terrorismo por Erdogan. La ecuación se lleva repitiendo constantemente hasta hoy. Se trata de una política intensificada desde las elecciones del pasado junio, cuando el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, presidido por Erdogan) perdió la mayoría absoluta y el partido pro kurdo, HDP, creció en votos. Se trata de otro macabro mecanismo del sistema de poder turco para aterrorizar a la oposición.
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