El 7 de octubre se  informó 
 que los rebeldes hutíes del Yemen y su aliado, el expresidente Ali 
Abdullah Saleh, habían aceptado un plan de paz auspiciado por la ONU en 
Omán, así como la  resolución nº 2216  del Consejo de Seguridad de abril de este año. Saleh  reiteró 
 su aceptación en una entrevista por televisión cinco días después, 
añadiendo que estaba dispuesto a renunciar a su liderazgo en el partido 
más grande del Yemen, el Congreso General del Pueblo, para facilitar el 
fin del conflicto. 
 Stephane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, estuvo acertado al  tildar 
 esa actitud de “paso importante”, y el gobierno del Yemen reconocido 
internacionalmente y sus aliados deberían haberlo admitido en ese 
sentido. Todo el tiempo habían venido insistiendo en que el fin del 
conflicto debería basarse en la aceptación previa de la resolución 2216.
 
 
 La resolución reafirmaba la “legitimidad” del presidente Abd 
Rabbuh Mansur Hadi, manifestaba su alarma por la “escalada militar” de 
los hutíes y condenaba “en los términos más enérgicos” sus “acciones 
unilaterales en curso”. 
 
 También exigía que los hutíes “pusieran
 fin incondicionalmente y de inmediato… al uso de la violencia; 
retiraran sus fuerzas de todas las zonas que hubieran tomado, incluida 
la capital Sanaa; renunciaran a todas las armas incautadas en 
instituciones militares y de seguridad” y “se abstuvieran de cualquier 
provocación o amenazas a los países vecinos”. 
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