Un mes y medio después de los atentados de Parísdel 13 de noviembre, la sociedad civil francesa muestra sus primeros signos de disconformidad frente al establecimiento del estado de emergencia.
Las medidas de seguridad excepcionales han permitido, según fuentes
gubernamentales, el registro administrativo de 2.700 recintos, el
arresto domiciliario de 360 personas y la detención provisional de 287 individuos,
aunque ninguno de ellos ha sido procesado por terrorismo. Un balance
modesto en comparación con la restricción de las libertades civiles que
han comportado.
La facultad de los prefectos franceses –las autoridades administrativas responsables de la seguridad interna– de prohibir una manifestación
ha alterado la actividad política de sindicatos y asociaciones. Estas
entidades parecen condenadas al silencio si el Gobierno francés decide
alargar el estado de emergencia del 26 de febrero previsto inicialmente
hasta julio de 2016, cuando concluirá en Francia la Eurocopa de fútbol.
El 23 de diciembre el primer ministro Manuel Valls presentará en el Consejo de Ministros la propuesta de reforma de la Constitución que el presidente François Hollande anunció el pasado 16 de noviembre para inscribir en ella el estado de emergencia.
Este
proyecto, que será debatido en la Asamblea Nacional en enero, no sólo
lo extenderá de tres a seis meses, sino que también pretende incorporar
en la Constitución algunas de las medidas fetiche del Frente Nacional de Marine Le Pen, como la retirada de la nacionalidad francesa a los acusados de terrorismo yihadista que dispongan de una doble nacionalidad. Contempla, además, un refuerzo significativo del poder policial.
Una vez haya concluido el estado de emergencia, este cuerpo podría
seguir realizando inspecciones administrativas y requisando documentos y
armas sin ningún tipo de control judicial.
Sem comentários:
Enviar um comentário