El
30 de abril Bensouda publicó un documento de
60 páginas que establecía diligentemente las bases legales de esa
decisión, y en el que se concluía: “la Fiscalía ha considerado cuidadosamente
las observaciones de los participantes y mantiene la opinión de que la Corte
tiene jurisdicción sobre el territorio palestino ocupado”.
La
explicación legal de Bensouda fue en sí misma una decisión preventiva, que se remonta
a diciembre de 2019, ya que la Fiscal de la CPI debió haber anticipado un
contraataque orquestado por Israel contra la investigación de los crímenes de
guerra cometidos en los Territorios Ocupados.
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