La imposición de la reforma laboral en Brasil por el gobierno de
facto de Michel Temer se da en un contexto de fuerte recesión de la
economía, alta inflación y un intenso desempleo que afecta a las más
variadas capas de la población del país. De acuerdo con la Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) del IBGE la tasa de
desocupación está al alza y alcanza 14 millones 200 mil desempleados
entre enero y marzo de 2017. Indica que ello significa un aumento de 13%
respecto al trimestre inmediatamente anterior (octubre-diciembre de
2016). En otras palabras se registró un aumento absoluto del número de
desempleados en 1 millón 800 mil personas —lo que da un promedio de 20
mil despidos por día— que, de este modo, se agregaron al ejército
industrial de reserva en su modalidad de desempleo abierto en el Brasil.
La reforma laboral (en portugués: trabalhista) es
profundamente negativa para los trabajadores en la medida en que afecta
todas las modalidades de empleo y los derechos y garantías consagradas
en la Consolidação das Leis do Trabalho creada mediante Decreto-Lei nº 5 452, del 1º de mayo de 1943 y sancionada por el presidente Getúlio Vargas durante el llamado Estado Novo (1937-1945) en Brasil.
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