Carles Puigdemont es ciudadano español. Es posible que prefiriera no
serlo. Pero lo es. Y en cuanto tal, es titular de todos los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra
el derecho a circular libremente por el territorio nacional, así como a
entrar y salir libremente del mismo (art. 19 CE).
El ejercicio
de ese derecho únicamente puede verse limitado mediante una decisión
judicial. Cuando un juez entienda que hay indicios racionales de
criminalidad en la conducta de Carles Puigdemont, puede proceder contra
él y adoptar las medidas que, de acuerdo con lo previsto en nuestro
ordenamiento jurídico, estime pertinentes.
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