Una vez más, Francia ha entrado en una fase de confrontación social de
una gran dimensión. Hace unos años (noviembre 2018) irrumpió en las
rotondas y en la calle de todo el país el movimiento de los chalecos amarillos.
Provocado por la voluntad decidida del gobierno de imponer un
incremento en el impuesto sobre los carburantes, el movimiento no tardó
en plantear como una de las primeras reivindicaciones el incremento del
poder de compra (sobre todo del SMI), el rechazo a una sociedad
gestionada por y a favor de los más ricos, el restablecimiento del
impuesto sobre las grandes fortunas y la exigencia de una democracia en
la que las clases populares se pudieran hacer oír. Al gobierno de Macron
les estalló en la cara la exasperación social generada por las
políticas de austeridad que se venían imponiendo desde los años 1980.
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