Aparte
 de la cuestión catalana, pocos temas suscitan debates tan encendidos 
como el de la prostitución. La decisión ministerial de rechazar la 
inscripción de OTRAS como “sindicato de trabajadoras sexuales” ha
 desatado una oleada de airadas reacciones en las filas de una parte 
significativa de la izquierda y del feminismo. Así, hemos escuchado 
enérgicas protestas, acusando al gobierno del PSOE de coartar el derecho
 de asociación, cerrando el paso a la auto-organización de las mujeres y
 violando sus derechos de sindicación.
Sintiéndolo mucho por esas voces que se han alzado en nombre de los derechos de las “trabajadoras sexuales”
 – voces entre las que se cuentan las de no pocas amigas y compañeras 
políticas – debo decir que, en esta controversia, es a mi entender el 
gobierno quien se sitúa más a la izquierda, en una posición más acorde 
con la defensa de los intereses de las mujeres – empezando por aquellas 
que se hallan inmersas en el mundo de la prostitución – y más respetuosa
 hacia el sindicalismo de clase.
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