“¿Qué queremos? ¡Casas para todos!”, corean en bucle medio centenar
de personas delante del grisáceo edificio del Ministerio de Vivienda
portugués. En esta mañana del 4 de junio de 2019, los activistas de la
plataforma Stop Despejos (“Stop Desahucios”) y un puñado de familias
lisboetas amenazadas con ser desahuciadas no contienen su rabia.
Unos días antes, Maria Nazaré Jorge, de 83 años de edad, que vivía en
pleno centro de Lisboa, fue desalojada por diez policías. “Vivía desde
hacía cuarenta años en ese apartamento. El contrato de alquiler estaba a
nombre de su tía, que murió hace poco”, cuenta Sandra P., de Stop
Despejos. “Su alquiler era de 200 euros mensuales. Como los precios
inmobiliarios se han disparado en el centro de la capital, el
propietario ha aprovechado para expulsarla”. Durante cerca de una hora,
los miembros del colectivo se manifiestan enarbolando pancartas que
proclaman “Hay una crisis de la vivienda” o “No a la especulación
inmobiliaria”, hasta que una pequeña delegación recibe autorización para
entrar en el edificio. La jefa de gabinete ministerial declara
lacónicamente: “Maria Nazaré Jorge está alojada de modo provisional
hasta que se encuentre una solución definitiva”. “Desde su expulsión,
sufre depresión y se encuentra completamente desorientada”, cuenta
Sandra P. “Vive aislada en lo alto de Castelo, el barrio más turístico
de la ciudad, donde el único medio de transporte público es el célebre
tranvía número 28, que los turistas toman por asalto…”.
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