El Gobierno israelí –al que países y activistas europeos
describieron como un Gobierno que parece menos que democrático- votó el
domingo apoyar una ley que tiene como blanco a las organizaciones de
derechos humanos y de izquierda.
El proyecto de ley, en caso de
que se convierta en ley, determinará que las ONG que reciben el 50 % o
más de sus fondos de gobiernos extranjeros detallen esas fuentes de
financiación en los informes o documentos públicos, en sus reuniones con
los funcionarios del Estado, y la obligación de portar etiquetas
especiales al asistir a las sesiones legislativas en el Parlamento
israelí, la Knesset. El proyecto de ley está diseñado para
identificar a las organizaciones civiles y sociales de derechos humanos,
por la democracia y las de izquierda.
Instituir tarjetas de
identificación obligatorias con las fuentes de financiación proyectaría
un mensaje de que el trabajo por los derechos humanos es foráneo –como
si fuera algo ajeno a la sociedad israelí– y fuera de su interés o
agenda.
El parlamentario Ayman Odeh, el líder del partido de la tercera fuerza más grande de Israel en la Knesset,
describió la ley como otro esfuerzo por parte del Gobierno de Netanyahu
para "[llevar] a la izquierda fuera del espacio democrático en Israel".
La "Ley de Transparencia", la última operación patrocinada por
la ministra de Justicia y miembro del partido HaBait aieudí -la casa
judía (N.de T.)-, la parlamentaria Ayelet Shaked, no es la primera de su
tipo. El Gobierno de Netanyahu estuvo tratando de pasar, desde 2011,
varias versiones de una legislación similar con el fin de tomar medidas
enérgicas contra las ONG de izquierda. Netanyahu finalmente y por
varias razones dio por fracasados los intentos anteriores, aunque a mano para sacarlos en cualquier momento.
A pesar del hecho de que Netanyahu ha bloqueado en el pasado las
versiones anteriores de esta ley, sin embargo una fuente anónima en el
Gobierno israelí dijo recientemente a Haaretz que el primer ministro no se interpondría en el camino en esta oportunidad. La versión actual es más diluida que los intentos anteriores que tienen como blanco a las ONG de izquierda.
La votación del domingo se produce una semana después de que el grupo profascista Im Tirzu lanzó una campaña de odio dirigida contra los activistas israelíes por los derechos humanos
y sus respectivas organizaciones sugiriendo que porque reciben
financiación extranjera "plantan" agentes foráneos que trabajan para
avanzar en agendas extranjeras en detrimento de la seguridad israelí.
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