El Estado turco ha
condenado de hecho al hambre a sus ciudadanos de Sur, Silvan,
Nusaybin, Cizre, Silopi y muchas otras ciudades y barrios de las
provincias kurdas debido a los toques de queda que han estado en
vigor durante semanas. Ha atacado estas poblaciones con armas y
equipamientos pesados que solo se deberían utilizar en época de
guerra. A consecuencia de ello, se ha violado el derecho a la vida, a
a la libertad y la seguridad, y en particular la prohibición de la
tortura y de los malos tratos protegida por la Constitución y por
acuerdos internacionales.
Esta masacre deliberada
y planificada supone una grave violación tanto de las propias leyes
de Turquía como de los tratados internacionales firmados por
Turquía. Estas acciones suponen una grave violación del derecho
internacional.
Exigimos al Estado que
acabe con la masacre y deportación deliberadas de kurdos y de otros
pueblos de la zona. También exigimos al Estado que levante el toque
de queda, castigue a aquellas personas responsables de las
violaciones de derechos humanos e indemnice a aquellos ciudadanos que
han sufrido daños materiales y psicológicos. Para ello, exigimos
que se permita el acceso a la zona de observadores nacionales e
internacionales independientes y que se les permita hacer un
seguimiento de estos incidentes e informar sobre ellos.
Exigimos al gobierno
que prepare las condiciones para unas negociaciones y cree una hoja
de ruta que lleve a una paz duradera en la que incluyan las
reivindicaciones del movimiento político kurdo. Exigimos la
participación en estas negociaciones de observadores independientes
de amplios sectores de la sociedad. Declaramos también nuestra
voluntad de participar voluntariamente como observadores. Nos
oponemos a la supresión de todo tipo de oposición.
Nosotros y nosotras,
como académicos e investigadores que trabajamos en Turquía o sobre
ella, declaramos que no participaremos en esta masacre al permanecer
en silencio y exigimos que acabe inmediatamente.
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