El gobierno de Obama presentó un plan al Pentágono para el cierre de la
cárcel de Guantánamo, donde se encuentran 91 “terroristas” y que en su
momento de mayor ocupación albergó a 779 prisioneros. La propuesta es
enviar a los detenidos que tienen el visto bueno de Defensa para ser
puestos en libertad a terceros países y trasladar al resto a alguna
prisión dentro de Estados Unidos (cárceles que se encuentran en Carolina
del Sur, Kansas y Colorado). Esto último cuenta con la desaprobación
del Congreso desde hace tiempo. De modo que las opciones son las
siguientes: 1) que el Congreso revoque la ley de defensa del 2010 en la
que se prohíbe el traslado de los prisioneros de Guantánamo a EEUU; 2)
que Obama traslade a los prisioneros apelando al poder que le da la
Constitución, si logra reducir el número de detenidos a aquellos que no
podrían ser trasladados, es decir, algo así como 40 hombres; 3) dejar la
cárcel en funcionamiento a ver qué decide el nuevo presidente [1].
Con respecto a la opción 2), hay que recordar que el Ejecutivo apeló a
su poder para abrirla, pero ahora parece improbable que lo utilice para
cerrarla [2].
Obama se basó en este poder para ordenar el bombardeo de fuerzas de
EEUU a Siria, sin autorización del Congreso y violando las leyes
internacionales; también apeló a su poder extraordinario para expandir
la vigilancia del Estado en las redes, a los fines de recolectar
información sobre potenciales terroristas (emails, chats, mensajes,
llamadas, etc.) al interior del territorio estadounidense. Pero para
cerrar Guantánamo esperará el apoyo del Congreso (aunque los
antecedentes muestran la escasa probabilidad de contar con esta ayuda).
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