Pintar las puertas de sus casas de rojo, obligarlos a llevar pulseras rojas si
quieren recibir tres raciones de comida al día, requisarles dinero y
joyas, confinarlos en campos, apartarlos con vallas y alambradas,
expulsarlos, deportarlos, dejarlos morir por miles en su periplo
desesperado… ¿Alemania, años 30 y 40? No. Europa, 2016. No hay día que
pase sin que una nueva medida, ley o política en materia de refugiados
se apruebe en algún país de la Unión Europea, pero pocas de ellas están
destinadas a mejorar la acogida, aplicar la legislación internacional o
evitar las muertes en el mar, que en los primeros 31 días del año se
elevan ya a 309 personas –cerca de 4.000 en 2015–, según datos
oficiales.
Si el escándalo levantado en Reino Unido a finales de
enero ha obligado a las dos contratas que se encargaban del alojamiento y
alimentación de los refugiados en las ciudades de Middlesbrough y
Cardiff a anunciar que dejarán de “marcar” a estas personas con puertas
rojas en sus viviendas y con pulseras rojas, respectivamente, otros
países se apresuran a aplicar medidas que siguen levantando inevitables
comparaciones con el pasado. El 26 de enero, el Parlamento de Dinamarca
aprobaba, con los votos de los liberales en el Gobierno, los
socialdemócratas de la oposición y dos pequeños partidos de extrema
derecha, la ley que le permitirá despojar a los refugiados de
todo su dinero y “joyas sin valor sentimental” que superen unos
iniciales 1.340 euros. Antes de Dinamarca, ya hacía algo parecido Suiza,
que se limita al efectivo. Y los länder alemanes de Baviera y
Baden-Württemberg: el primero, gobernado por los social-cristianos; el
segundo, por socialdemócratas y verdes, pueden quedarse con el dinero y
bienes de los refugiados que superen los 750 o los 350 euros,
respectivamente.
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