El escándalo de los Papeles de Panamá, considerado como la filtración de
documentos más grande de la historia, reveló la creación de más de 200
mil empresas offshore a través de 21 paraísos fiscales, durante
las cuatro últimas décadas, mostrando una vez más que el sistema
financiero está configurado para socavar la economía mundial.
A
través de la creación de empresas offshore, es decir, empresas o
sociedades constituidas fuera del país de residencia, las empresas
trasnacionales, los corruptos o los criminales han venido trasladando
sus patrimonios hacia paraísos fiscales, confirmando así la existencia
de una gran industria de empresas offshore encargadas de construir y
tejer complejas estructuras empresariales que permiten ocultar recursos y
activos, evadir impuestos y esconder dinero procedente de la economía
ilegal.
Las empresas o compañías offshore son principalmente constituidas en paraísos fiscales
dado los beneficios que estas jurisdicciones otorgan a los
inversionistas. La baja o nula tributación, así como el secreto bancario
son los principales atributos de estos territorios. Este último,
especialmente, permite realizar transacciones financieras manteniendo la
confidencialidad de la dimensión de sus inversiones así como la
identidad de sus beneficiarios finales.
En los últimos 40 años,
hasta el 2010, la riqueza privada escondida en paraísos fiscales se
calculó entre 21 y 32 billones. En el caso de América Latina y el
Caribe, este monto asciende a 2 billones de dólares, siendo México el
país que registra mayor salida de flujos hacia paraísos fiscales. [i]
Lamentablemente, la proporción de riqueza depositada en paraísos
fiscales es mucho mayor en el caso de países en desarrollo que en los
países desarrollados.
Actualmente no existe una lista única de
Paraísos Fiscales que identifique a países que brinden incentivos
nocivos y altos niveles de secretismo. Cada país establece sus propios
criterios al momento de definir si un territorio es considerado o no un
paraíso fiscal, y en muchos casos, esta designación responde a un
proceso o negociación política, más que a un análisis serio de las
características regulatorias del país.
De cualquier forma, la
clasificación más conocida y empleada es la realizada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–, que
en los últimos años ha dejado de considerar como paraísos fiscales “no
cooperativos” a todas las jurisdicciones que se comprometían en
implementar estándares de transparencia e intercambio de información. Es
así que todas las jurisdicciones consideradas anteriormente como
paraísos fiscales, hoy ya no son parte de la lista por haberse
comprometido en mejorar la transparencia y el establecimiento de un
intercambio efectivo de información en materia tributaria.
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