No todos los presos en Chile valen lo mismo. Mientras a
un tercio de la población penal del país (13.321 reclusos de un total de
39.677) les fue concedida la modificación de la modalidad cautelar o de
cumplimiento de condena, logrando salir a la calle por decreto judicial
desde el 18 de marzo del presente año, el Estado ha decidido mantener
encarcelados a los más de 30 presos políticos mapuche en distintos
centros penitenciarios.
Algunos de estos, en medio de la crisis pandémica, ya llevan tres
meses en huelga de hambre. Como si fuera poco, unos de los beneficiados
con esta medida fue Carlos Alarcón Molina, policía que se encontraba en
prisión preventiva acusado del asesinato de Camilo Catrillanca en
noviembre de 2018.
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