En la relación de personas que
prestan su apoyo y expresan su solidaridad con Juan Carlos I figura un
antiguo Fiscal General, cuya presencia causa rubor, pero no produce sorpresa ni vergüenza. Se trata de Eligio Hernández,
nombrado para ese cargo por el Gobierno de Felipe González. Ver a
Eligio en esa lista es constatar que, pasados muchos años, sigue
considerando con benevolencia la delincuencia de los poderosos,
cualquiera que sea la calificación de las «acciones penales» que se
atribuyan al rey «abdicado». Indicios de dichas acciones que en este
caso sobran.
Y, ciertamente, no puede ni debe olvidarse la decisión de Eligio de
impedir –¿es lo que se pretende ahora?– la persecución penal del
Gobierno de Jordi Pujol. A quienes entonces ejercíamos como fiscales,
nos resultó indignante, por injusto, que el ahora solidario del rey
abdicado y sospechoso de diversos delitos cerrara la posibilidad de una persecución penal de un Gobierno de Pujol. Fue conocido como el caso CARIC que
implicaba a casi todos sus miembros por numerosos delitos de
corrupción, que podrían resumirse en el de malversación de caudales
públicos.
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