De ser aceptada, la nueva norma constitucional
se aplicará a cerca de 1.500 grandes empresas. Las 580.000 pequeñas y medianas helvéticas
(PME) que cuentan con menos de 250 trabajadora/es, quedarán exentas.
Se dirimirá así un tema que hasta hace menos
de diez años era un tabú en la vida nacional. Y que hoy va más allá de los
Alpes y está presente en buena parte de Europa, animando un significativo
debate de sociedad.
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