La experiencia demuestra que los movimientos de izquierda pueden
llegar al Gobierno sin conquistar el poder. La democracia, es decir, el
ejercicio del poder por el pueblo y para el pueblo, requiere mucho más.
En el 2015, el problema se planteó en Grecia con Syriza y en un futuro
se planteará en España y en otras partes de Europa con las fuerzas del
cambio.
La cuestión se planteará para cualquier movimiento de
izquierda que llegue al Gobierno en una sociedad capitalista. Cuando una
coalición electoral o un partido de izquierda llega al Gobierno, no
obtiene el poder real, porque el poder económico (que depende de la
posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los
grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.)
permanece en manos de la clase capitalista, es decir del 1 % más rico,
que incluso, con frecuencia, es menos del 1 % de la población. Además,
esa clase capitalista controla el Estado, el poder judicial, los
Ministerios de Economía y Finanzas, el Banco Central …
En Grecia y en España, como en otros países, un Gobierno determinado a
ejercer cambios estructurales reales, deberá entrar en conflicto con el
poder económico para debilitar y luego acabar con el control de la clase
capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de
comunicación y sobre el aparato del Estado.
Si los gobiernos de
izquierda quieren realmente romper con las políticas de austeridad y de
privatizaciones que se desarrollan actualmente en toda Europa, entrarán
inmediatamente en conflicto con las potentes fuerzas conservadoras tanto
a nivel nacional como europeo. Y esto por el solo hecho de afirmar que
su Gobierno desea aplicar las medidas que demanda la población, que
rechaza masivamente la austeridad. Cualquier Gobierno de izquierda
encontrará una dura oposición en las instancias europeas, en la mayoría
de los gobiernos en la Unión Europea, así como en los dirigentes y los
grandes accionistas de las principales empresas privadas, sin olvidar al
FMI .
Incluso auto limitando su programa
de cambio, cualquier Gobierno de izquierda seguirá aguantando una
fuerte oposición, ya que, enfrente, las clases altas y las instancias
europeas (íntimamente ligadas y solidarias) quieren llevar más lejos aún
el mayor ataque concertado, en el ámbito europeo, contra los derechos
económicos y sociales de los pueblos, sin olvidar la voluntad de limitar fuertemente el ejercicio de los derechos democráticos.
Es
ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades europeas y a
la patronal de las grandes empresas (principalmente financieras e
industriales) de abandonar el curso neoliberal reforzado desde 2010.
Señalemos que François Hollande y Matteo Renzi, que tímidamente proponen
aflojar el cinturón de la austeridad, buscan al mismo tiempo aplicar el modelo alemán en sus respectivos países:
una precarización más avanzada de los derechos de negociación colectiva
y de la protección de las conquistas de los trabajadores. Ellos no han
sido los aliados del pueblo griego en el año decisivo de 2015 ni de
otras fuerzas de izquierda auténtica mañana en otros países.
La
conclusión que se impone es que no habrá un camino fácil para poner en
marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las
privatizaciones. Los gobiernos de izquierda deberán desobedecer a los
acreedores, a las autoridades europeas y al FMI (unos y otros se
confunden ampliamente) para ser fieles a sus promesas electorales.
Tienen una legitimidad y un apoyo muy considerable, tanto en su país
como en el ámbito internacional, evidenciando en qué grado la austeridad
y las políticas europeas son rechazadas. El rechazo a pagar una parte
sustancial de la deuda constituirá un elemento
clave en la estrategia del Gobierno, así como la decisión de no
continuar con las privatizaciones y restablecer plenamente los derechos
sociales que fueron afectados por las políticas de austeridad. Esa
combinación es vital.
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