Dos abogados de migrantes indocumentados informaron ayer que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del
gobierno de Estados Unidos les ha impedido ingresar a los centros de
detención en los que se encuentran numerosas familias de extranjeros en
el sur de Texas. Kim Hunter y Andrew Free, ambos defensores voluntarios,
pertenecen a una coalición de 500 litigantes que se turnan, una semana
al año cada uno, para trabajar con los internados en el centro de
Dilley, donde actualmente están recluidos cerca de mil migrantes.
Los abogados señalaron diversas irregularidades cometidas por el ICE, como enviar empleados de la institución a hablar con los detenidos a espaldas de los defensores, y denunciaron que la dependencia ha multiplicado los pretextos para impedir el acceso de los segundos al centro de reclusión: desde supuestos "motivos de seguridad" –poco verosímiles, si se toma en cuenta que el centro de reclusión está principalmente poblado por mujeres y niños– hasta presuntas "actitudes beligerantes" de los defensores o la realización de "encuestas no autorizadas".
La situación expuesta –violatoria, a todas luces, de la legalidad estadunidense y de los derechos humanos de vigencia universal– es sólo un eslabón más en la cadena de atropellos que padecen los trabajadores y refugiados extranjeros y sus familias en el territorio del país vecino. Que haya centenares de niños encarcelados por el simple hecho de arribar al país sin papeles es ya un atropello impresentable de un gobierno que se dice defensor de las libertades y de las garantías individuales.
En mayo pasado varios legisladores demócratas se hicieron eco de la situación y demandaron al presidente Barack Obama poner en libertad de inmediato a cerca de 2 mil mujeres y niños detenidos en Texas y Pensilvania. La congresista californiana Zoe Lofgren dijo al respecto que esas personas que huyen de la violencia en sus países no violan la ley (sino que) buscan asilo en Estados Unidos, uno de los principios centrales de nuestras leyes de migración, y recalcó que el confinamiento de los extranjeros en sitios que no reúnen las condiciones apropiadas de salubridad y seguridad no sólo resulta inconcebible sino que es también antiestadunidense.
Los abogados señalaron diversas irregularidades cometidas por el ICE, como enviar empleados de la institución a hablar con los detenidos a espaldas de los defensores, y denunciaron que la dependencia ha multiplicado los pretextos para impedir el acceso de los segundos al centro de reclusión: desde supuestos "motivos de seguridad" –poco verosímiles, si se toma en cuenta que el centro de reclusión está principalmente poblado por mujeres y niños– hasta presuntas "actitudes beligerantes" de los defensores o la realización de "encuestas no autorizadas".
La situación expuesta –violatoria, a todas luces, de la legalidad estadunidense y de los derechos humanos de vigencia universal– es sólo un eslabón más en la cadena de atropellos que padecen los trabajadores y refugiados extranjeros y sus familias en el territorio del país vecino. Que haya centenares de niños encarcelados por el simple hecho de arribar al país sin papeles es ya un atropello impresentable de un gobierno que se dice defensor de las libertades y de las garantías individuales.
En mayo pasado varios legisladores demócratas se hicieron eco de la situación y demandaron al presidente Barack Obama poner en libertad de inmediato a cerca de 2 mil mujeres y niños detenidos en Texas y Pensilvania. La congresista californiana Zoe Lofgren dijo al respecto que esas personas que huyen de la violencia en sus países no violan la ley (sino que) buscan asilo en Estados Unidos, uno de los principios centrales de nuestras leyes de migración, y recalcó que el confinamiento de los extranjeros en sitios que no reúnen las condiciones apropiadas de salubridad y seguridad no sólo resulta inconcebible sino que es también antiestadunidense.
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