En Túnez, un importante lugar de producción de bajos salarios para la
industria alemana, continúan las manifestaciones contra la ley de
finanzas 2018 que provoca un drástico aumento del costo de la vida. La
ley fue impuesta al país por el FMI para luchar contra las consecuencias
de una crisis estructural. En su origen, la República Federal alemana
está involucrada en las causas de esta crisis: las empresas alemanas y
el gobierno federal contribuyeron a orientar a Túnez de manera
unilateral a un número limitado de sectores de exportación
-especialmente la producción textil y de cables- que no dan al país
verdaderas oportunidades de desarrollo. Al mismo tiempo, la fuerte
dependencia respecto a las empresas extranjeras obligó a Túnez a
conceder a los inversionistas extranjeros ventajas fiscales que
precipitaron el país en el endeudamiento. El año pasado Túnez tuvo que
pagar una quinta parte de su presupuesto para el servicio de la deuda a
sus acreedores extranjeros, según un estudio de la Fundación Rosa
Luxemburg (Partido de izquierda alemán). En el marco del “Compact with
Africa” (Pacto con África) del G20, Berlín sigue tratando a Túnez de
acuerdo con los intereses de los inversores alemanes.
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