Escribo estas líneas desde mi casa, a donde me ha confinado el tribunal
durante más de una semana. Soy un preso político. Un juez argentino me
acusó de traición y del encubrimiento de funcionarios iraníes acusados
de ser los autores intelectuales del ataque terrorista de 1994 en contra
de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
el principal centro judío de Buenos Aires, en el que fallecieron 85
personas y 300 resultaron heridas. A veintitrés años del ataque, no hay
detenidos y se sabe muy poco de los hechos, excepto que sucedieron.
La
investigación sobre el ataque fue tan defectuosa y corrupta que en 2004
se anuló el juicio y se comenzó a investigar al juez que lo presidía.
El juez Claudio Bonadio —quien ahora me acusa de traición— dirigió la
investigación de aquel encubrimiento, pero lo retiraron del caso en
2005, acusado de ser tendencioso y de haberse coludido para proteger a
quienes frustraron la investigación inicial.
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