El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmería nacional en
la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y más aún, la negación
sistemática del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia
argentina el pasado 1º de agosto, en el marco de una protesta en reclamo
por la liberación del lonko (líder) mapuche Facundo Jones Huala, ha
generado en el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis
política. Por un lado, la desaparición puso en el tapete no solo el
endurecimiento del contexto represivo, sino también el desconocimiento y
la indiferencia del actual gobierno respecto de los consensos forjados
en la sociedad argentina en torno a los derechos humanos, luego de la
experiencia del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de miles
de personas bajo la última dictadura. Por otro lado, en medio de una
enorme campaña política mediática de carácter antiindígena, la crisis
terminó por dar visibilidad a los reclamos de los mapuches sobre la
propiedad de las tierras, hoy en disputa.
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