Los hechos se precipitan sin tregua. El 23 de septiembre el
ministerio del Interior asumió –a instancias de la Fiscalía Superior de
Cataluña- la “coordinación” de las fuerzas del orden en Cataluña con
vistas a la consulta del uno de octubre, decisión que concierne no sólo a
la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino también a los Mossos
d’Esquadra. Un día antes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
ordenó a la Guardia Civil la clausura de la página de internet con la
lista de colegios electorales para la consulta. También, en una espiral
que cobra fuerza a medida que se acerca el 1-O, la Fiscalía de la
Audiencia Nacional presentó una denuncia por “sedición”, con motivo del
“cordón” humano establecido frente a la Conselleria d’Economia, mientras
se hallaba sometida a un registro de la guardia civil. En la denuncia
se mencionaba a los presidentes de Òmnium Cultural y la Assemblea
Nacional Catalana (ANC). Además, según el diario El País, “el Kremlin ha
visto en el independentismo catalán otra oportunidad para ahondar las
fracturas europeas y consolidar su influencia internacional”.
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