El año 2016 marca un nuevo comienzo en la historia de Colombia. Con
la ratificación del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC se
pretende poner fin a un período de más de 50 años de hostilidades.
Igualmente quedó abierta la puerta para la negociación entre el Gobierno
nacional y el Ejército de Liberación Nacional - ELN.
Sin
minimizar la trascendencia de este proceso, argumentamos que el fin del
conflicto armado en Colombia podría conducir a la exacerbación de los
conflictos socioambientales que han caracterizado la larga historia de
actividades extractivas y de los métodos violentos que han primado en
este país para lidiar con dichos conflictos. Recordemos que el Gobierno
de Colombia depende del sector extractivo como generador de ingresos y
ha asignado grandes áreas a inversionistas privados para el desarrollo
de actividades asociadas con la extracción petrolera, minera, y los
monocultivos para exportación; y por otro lado, porque propone el
extractivismo como fundamental para financiar espera que los ingresos
que se obtengan del extractivismo sean una fuente fundamental de
financiamiento de muchos compromios del proceso de transición a la paz.
Con la terminación del conflicto armado se desactiva un foco de
violencia en los territorios, y se crea la idea de que ahora será más
fácil el acceso a las áreas previamente afectadas por la guerra,
existiendo, por lo demás, una creciente demanda mundial de minerales y
energéticos como el petróleo. Es probable, entonces, que se amplíen los
extractivismos con lo que se estaría abriendo la posibilidad de que se
exacerbe la violencia intrínseca a los mismos.
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