En los dos últimos meses tres palestinos han estado en huelga de
hambre durante su detención administrativa sin juicio. Los tres son los
hermanos Mahmud Balboul (jefe de policía), Muhammad Balboul (dentista), y
Malk al-Qadi (periodista). El domingo el Tribunal Supremo de Israel
dictaminó legítima la ley de la alimentación forzada,
que permite a las autoridades israelíes alimentar a la fuerza y en
contra de su voluntad a prisioneros en huelga de hambre si su estado de
salud pone en peligro su vida, y que dicha ley es capaz de equilibrar el
interés público sobre la santidad de la vida y el daño a la dignidad
humana y la libertad de expresión. En otras palabras: los magistrados
del Tribunal Supremo aceptaron la posibilidad de se alimenta a los tres
huelguistas a la fuerza.
Muhammad y Mahmoud Balboul fueron
detenidos en una incursión de soldados israelíes en su casa en junio y
fueron en detención administrativa después de que agentes del Shin Bet
lograran "quebrar" a su hermana de 14 años, quien también pasó tres
meses en la cárcel. Su padre fue asesinado por soldados israelíes hace
más de 10 años. El portavoz del ejército que “ambos estaban involucrados
en actividades militares graves poniendo en peligro la seguridad de la
zona".
Malk al-Qadi, un periodista de 20 años de edad, comenzó
su huelga de hambre el 15 de julio para protestar por su detención
administrativa. Al-Qadi fue detenido el 23 de mayo, interrogado y puesto
en detención administrativa después de que el Shin Bet decidiera no
acusarlo. El viernes pasado su madre fue convocada al Hospital Wolfson
de Holon, donde se encuentra hospitalizado, después de que,
supuestamente, entrase en estado de coma. El portavoz del ejército aún
no ha respondido a las preguntas sobre los motivos de su detención.
"Tenemos delante un tema complejo por sus aspectos humanos, morales y
legales", escribe en el fallo el magistrado Noam Solberg. "La santidad
de la vida, la seguridad del Estado, el derecho a la autonomía, el
derecho a la igualdad, la libertad de expresión, la responsabilidad del
Estado sobre sus prisioneros, todos estos factores se conjugan en este
caso. "Los jueces escribieron más de 100 páginas para explicar por qué
la alimentación forzada, una práctica reconocida por las instituciones médicas en todo el mundo como una forma de tortura, en realidad está bien.
En su sentencia los jueces israelíes ponen a disposición una serie de
argumentos sobre por qué debe alimentarse a los huelguistas a la fuerza.
En primer lugar, escriben, la persona en huelga de hambre no es un
"paciente común", sino más bien una persona que, conscientemente, pone
su vida en peligro para el propósito de la protesta o para ejercer
presión sobre el Estado. En segundo lugar, según los jueces, no se puede
saber si la persona que está en huelga de hambre lo hace por propia
voluntad o si se enfrenta a la presión de hacerlo. En tercer lugar, hay
implicaciones que van más allá de la cuestión personal de quien está en
huelga de hambre. En cuarto lugar, la responsabilidad de la salud del
prisionero pertenece al Estado. Ley fundamental: dignidad y libertad
humanas, escriben los jueces, obliga al Estado no sólo a asegurar la
inviolabilidad de la vida, también coloca la responsabilidad activa en
el Estado para proteger a todos los seres humanos. En quinto lugar, el
Estado debe proteger la seguridad pública, y si el preso muere como
consecuencia de su huelga de hambre, esto puede conducir a dañar la
seguridad del Estado.
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