La concentración realizada el domingo pasado en Yenikapi, Estambul, es
una muestra importante de la extensión de la movilización política en
Turquía que ha tenido lugar en el último mes. El mitin, que reunió a
cinco millones de personas y a los líderes de los partidos de la
oposición (salvo el HDP), que mostró la “unidad de los defensores de la
democracia”, tuvo en realidad muchos mensajes dirigidos tanto a los
políticos nacionales como a los del extranjero. Durante el fallido golpe
de Estado, que puede ser descrito como el choque de grupos de poder
dentro del Estado, da la impresión de que el presidente Erdogan y el
gobierno AKP se las han arreglado para atraer a distintos grupos
políticos en su “política para el golpe de Estado”.
¿Qué pasó?
Aquí
donde vivimos, el Estado está directamente relacionado con la
existencia de las fuerzas armadas, sobre todo si se considera su
relación con el proceso fundacional. La expresión ‘golpe de Estado’
tiene un importante lugar en la vida política de la república de
Turquía. Es posible ver que el golpe de Estado es una realidad política
inevitable de la existencia del Estado en estas comarcas y, si se tiene
en cuenta el último golpe ocurrido –el de 1980–, afecta a las habituales
políticas de Estado. Lo que pasó el pasado 15 de julio, tiene el
carácter de la continuidad de esta realidad política. El ejército, que
quería intervenir en el poder político, intentó controlar edificios
estatales de importancia estratégica, muchos burócratas con cargos
importantes fueron tomados como rehenes, el parlamento y los organismos
de inteligencia fueron bombardeados, puentes y aeropuertos fueron
bloqueados por militares, hubo enfrentamientos entre soldados y
policías. El intento de golpe de Estado, que duró cinco horas, fue
sofocado mediante diferentes y rápidas maniobras del gobierno actual,
especialmente del presidente Erdogan. Entre estos movimientos, los más
notables fueron el control de los medios y, a partir de ellos, el
control de la movilización ciudadana; además, el control del
cumplimiento de la ley a cargo del ministerio de Asuntos Interiores.
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