40 años de los últimos fusilamientos de Franco

El 27 de septiembre de 1975 no fue un día cualquiera. En la mañana del citado día Franco consumó sus últimos fusilamientos; las balas asesinas acabaron con la vida de cinco militantes antifranquistas. Cuando cuarenta años después y de diferentes maneras el sangriento dictador sigue vivo en la “democracia española”, bien vale la pena recordar aquel fatídico día.

Francisco Franco intervino en público por última vez el 1 de octubre de 1975, durante el aniversario de su proclamación como Jefe del Estado. Y largó su retórica fascista desde el balcón principal del Palacio Real, sito en la madrileña Plaza de Oriente. Siempre se dijo que aquel acto se celebró ante un millón de seguidores, pero lo cierto es que en aquella plaza difícilmente pudieron caber más de cien mil personas. No podía faltar a su lado el Juan Carlos de Borbón. Entonces príncipe y desde seis años atrás heredero de Franco a título de rey, ultimaba su siniestro aprendizaje. Solo cuatro días antes habían sido fusiladas las cinco últimas victimas del franquismo con Franco: Juan Paredes Manot —Txiki—, Ángel Otaegi, José Luís Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso; los dos primeros militantes de Euskadi ta Askatasuna —ETA— y los otros tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota —FRAP.

Los cinco revolucionarios fueron condenados a muerte tras juicios farsas. El 20 de noviembre de 1973, ETA hizo volar literalmente a Luís Carrero Blanco, y, de regreso a tierra, el Presidente del gobierno franquista ya era cadáver. Entre aquel año y el verano de 1975, la actividad de la organización vasca golpeó con bastante intensidad a las Fuerzas de Orden Público —FOP—. Por su parte, el FRAP, que existía desde mediados de los años sesenta, aunque su actividad armada la inició en el verano de 1975, combatía a la dictadura con atentados contra policías y guardias civiles.

A Franco le urgía, pues, poner freno al movimiento armado contra el fascismo que él representaba. Así que, el 22 de agosto de 1975, el Consejo de Ministros presidido por el sangriento dictador aprobó el Decreto Ley Antiterrorista. La ley fue aprobada única y exclusivamente para aplicársela a los militantes de ETA y del FRAP. Aquella Ley Antiterrorista contemplaba la posibilidad de celebrar juicios sumarísimos contra civiles en menos de veinticuatro horas. También permitía prorrogar el plazo de detención en dependencias policiales, pasando de tres a cinco días —obsérvese cómo en la actual “democracia española” la ley en ese aspecto no difiere gran cosa—, y con autorización judicial hasta diecinueve.