Las primeras medidas económicas anunciadas por el capo golpista de Brasil Michel Temer no han sorprendido, salvo tal vez por su extrema
dureza. Confirman uno de los objetivos fundamentales del circo
disfrazado de inicio de juicio de procedencia montado por las dos
cámaras del Congreso para suspender ¿provisionalmente? a la presidenta
Dilma Rousseff y quiénes están detrás de la jugada. La luz verde del
Legislativo al inicio del impeachment no habría podo darse sin la
complicidad del Tribunal Supremo Federal, ni se hubiera podido llevar a
cabo sin la campaña contra la supuesta corrupción de Lula, Dilma, y el
PT, implementada por la poderosa corporación multimedia Globo y demás
medios hegemónicos brasileños.
El “ajuste” fiscal dado a conocer
es probablemente más brutal que el que implementa Macri en Argentina y
casi tan draconiano como el comprometido por la contrarrevolución en
Venezuela con sus jefes y socios de Washington, Miami, Madrid y Bogotá,
si llegara a triunfar. Más grave, un presidente no electo desconoce el
endoso al rumbo petista dado por los electores.
Algunas de
estas medidas, aunque menos lesivas socialmente, no le fueron aprobadas
por el Congreso a Dilma, quien erróneamente intentaba enfrentar solo con
ellas la caída del precio de las exportaciones. Pero en el formato
actual implicarían la anulación o reducción significativa de los planes
sociales de los gobiernos del PT.
Habrá grandes recortes en
educación, salud y vivienda popular. Se suprimirán los subsidios que se
entregaban a pequeños productores agrícolas y microempresarios, o los
créditos otorgados a estudiantes de bajos recursos para cursar carreras
universitarias, con cuotas que propiciaban a negros e indígenas
recibirlos también, incluyendo becas completas para los de altos
promedios. No en balde el de Temer es el primer gabinete después de las
dictaduras militares integrado totalmente por hombres blancos y ricos.
Solo por eso es ya muy excluyente en uno de los países del mundo donde
existe más desigualdad social y mezcla racial.
Otra disposición
es la liquidación y venta a los grandes especuladores de las acciones
del multimillonario fondo creado en el gobierno de Lula para financiar a
futuro el gasto en educación con parte de las ganancias del campo
hidrocarburífero Tupi. Una ley para la privatización del campo es
apoyada por Temer, que entregaría a las transnacionales el yacimiento
más importante de PETROBRAS.
Otra medida debilita al BNDES, el
banco público de desarrollo mayor del mundo, al obligarlo a pagar una
deuda al tesoro público de 28 mil millones de dólares, a la vez que el
crédito se reserva solo para los grandes negocios. Analista anuncian una
profunda financierización de la economía en beneficio de los grandes
bancos de Estados Unidos a costa de la banca pública y privada
brasileña.
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