Una situación complicada para la izquierda radical

Brasil vive una profunda crisis institucional. La más importante desde la dictadura. El gobierno de Dilma Roussef ha sido alcanzado en pleno rostro, provocando su parálisis, pero también lo han sido las principales instituciones de la democracia burguesa. Los principales dirigentes del Parlamento están implicados en la Operación Lava Jato/1, entre ellos Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, en tanto que uno de los acusados del proceso. Los dirigentes de los partidos tradicionales, tanto los que forman parte del gobierno como los de la oposición de derechas (incluyendo el PMDB, partido de Cunha y del vicepresidente Michel Temer, que ha abandonado recientemente el gobierno), son objeto de investigaciones.

Una situación así contribuye a un gran caos en el seno de las instituciones con un poder judicial dividido a todos los niveles. A esto se añade una crisis intensa de credibilidad de las instituciones tradicionales y del modus operandi de la democracia burguesa, cuyos primeros signos se expresaron en las calles en 2013/2.

Brasil vive pues una grave crisis política que se añade a la grave crisis económica, social y medioambiental. Esto se traduce en paro creciente, inflación, congelación salarial, hundimiento de los servicios públicos, desastres y crímenes contra el medio ambiente…, que simbolizan el fracaso de un modelo de desarrollo. El agotamiento del modelo de “crecimiento”, adoptado durante los “períodos” Lula, con la aplicación ahora de una política de ajuste neoliberal y de recesión, ha producido un escenario de estancamiento duradero. Cualquiera que sea el resultado a corto plazo, la suma de crisis a medio plazo se mantendrá con tensiones sociales y políticas.

El ciclo “lulopetista” está herido de muerte. Las posibilidades de mantener el modelo de crecimiento “neo-extractivista” y exportador se están agotando. Aunque sobreviviera políticamente, debido a la polarización reciente entre los dos campos en la guerra institucional, la estrategia establecida por el lulismo de favorecer a los empresarios, a la agroindustria y al capital financiero y, al mismo tiempo, hacer algunas concesiones a los más pobres, ya no tiene ninguna posibilidad política y ética de aparecer como una inflexión de izquierdas. Incluso tras haber puesto más de 100 000 personas en la calle en Sao Paolo, Lula continúa rogando a los representantes del capital que confíen en él para ser el garante del pacto social. En este marco, reedita, en términos más humillantes, la “Carta al pueblo brasileño” de 2002. Es el final de un largo ciclo de la izquierda brasileña.