Más de 130 países (de los cuales 96 son países en desarrollo) se han embarcado en los últimos años o planean hacerlo en reformas de políticas y normas laborales pro austeridad con el fin de superar contextos económicos recesivos o prevenir crisis financieras.
Esas
reformas usualmente consisten en la congelación o reducción de los
salarios, la ampliación de la jornada laboral, la imposición de
contratos precarios, la limitación de seguros por accidentes o
enfermedades laborales, la facilitación de los despidos y la reducción
de la plantilla de empleados públicos. También se incluyen las reformas
que han afectado a los sistemas de negociación colectiva, por ejemplo,
restringiendo el alcance de los acuerdos sectoriales y rebajando el
nivel de la negociación al lugar de trabajo, o permitiendo la
negociación con representantes ajenos a los sindicatos.
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