Paraguay, que se convirtió en el primer país latinoamericano del
siglo XXI en que la oligarquía derechista logró dar un golpe
parlamentario para detener a las fuerzas progresistas en la región
(después lo lograron en Brasil y lo intentaron sin éxito en Venezuela)
padece, a cinco años de aquella acción, una grave conjugación de pobreza
e inequidad.
Recordemos que el presidente elegido
democráticamente, Fernando Lugo, fue destituido de forma arbitraria bajo
la excusa de la masacre ocurrida en Curuguaty, en la que murieron 11
campesinos y seis policías, un complot planificado por los poderes
involucrados en un cambio de gobierno por cualquier vía.
Tras
ese hecho, en junio de 2012 asumió como presidente Federico Franco, un
político ligado a los intereses oligárquicos, a las transnacionales y al
narcotráfico y que influyó para el regreso al poder del Partido
Colorado, que había sido derrocado en 2008 tras 60 años de mandato.
Franco inmediatamente marcó pautas al favorecer a las transnacionales
agroalimentarias, liberalizó aún más el comercio de las semillas
transgénicas, pactó con la banca extranjera y emitió el primer grupo de
bonos soberanos al mercado internacional por 500 millones de dólares.
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