Después del triste espectáculo protagonizado por la Cámara de diputados que dio luz verde para la admisibilidad del proceso de impeachment,
ahora es el senado quien debe decidir si aprueba o rechaza la apertura
del proceso. La previsión es que ello sucederá el día 11 de mayo. La
oposición ya cuenta con más 41 votos favorables para la casación del
mandato de la presidenta, por lo que es altamente probable que Dilma Rousseff sea apartada del cargo por 180 días, lugar que asumirá el
actual vice-presidente Michel Temer, un personaje que ha conspirado
entre bambalinas la destitución de la mandataria. De una mera figura
decorativa se ha transformado en el principal instigador del golpe
institucional y parlamentario que se cierne sobre el país.
A
pesar de todos los argumentos que pueda esgrimir la oposición, es
indiscutible que lo que se encuentra en curso es un golpe político
disfrazado de procedimiento jurídico, impulsado por quienes perdieron
las elecciones y por otros aspirantes al poder que nunca lo conseguirían
por medio del escrutinio popular. Ello quedó aún más evidencia a partir
de una exposición secuencial de los motivos más bizarros invocados por
los diputados que votaron a favor del impedimento: Dios, la familia
cuadrangular, el cumpleaños de la nieta, la paz de Jerusalén, el sector
agropecuario, etc.
De consumarse el golpe, un primer escenario
que se vislumbra a más corto plazo, es que Michel Temer asumirá
interinamente la presidencia, mientras concluye el proceso contra Dilma
Rousseff. La previsión es que una absolución o condenación definitiva
(en este caso se requieren 54 de 81 votos) recién sea realizada a
mediados de septiembre -antes de las elecciones municipales del 2 de
octubre- periodo en el cual pueden ocurrir muchas cosas. Aunque existen
algunas razonables incertezas, por la actual composición del senado y
por el efecto estampida que se observó en la Cámara, todo parece indicar
que la tendencia es que la presidenta sea condenada y automáticamente
destituida, asumiendo Michel Temer el cargo de presidente en forma
definitiva hasta concluir el mandato en diciembre de 2018. Además de la
casación, Dilma Rousseff quedaría inhabilitada durante ocho años para
ejercer cualquier tipo de función pública.
Asimismo, el propio
Michel Temer tampoco está libre de ser objeto de otro proceso de
impedimento en su contra. En efecto, ya existe un proceso derivado de
una acción popular que se encuentra estacionada en la Cámara en espera
de una resolución de admisibilidad por parte de su presidente. Este
recurso se sustenta en el hecho de que cuando ocupó interinamente el
cargo de presidente por ausencia de la mandataria, Michel Temer también
firmó algunas resoluciones que constituyeron “pedaladas fiscales”, es
decir, existen fuertes indicios de que igualmente incurrió en crimen de
responsabilidad fiscal.
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