La visión uninacional que se impuso tras la guerra civil y que
permaneció con la restauración borbónica sigue contando con el apoyo de
las fuerzas políticas que sostienen el régimen del 78. Los símbolos de
aquel modelo de España también concitan apoyos importantes entre la
población. Pero no por ello deja de mostrar cierto declive y desafección
en los territorios periféricos y entre sectores de la población que ya
no entienden muy bien qué se está haciendo con la comunidad en la que
viven y qué España debe proyectarse hacia el futuro.
En efecto, a la
crisis territorial evidenciada ahora con el conflicto catalán se ha
unido el importante incremento de las desigualdades sociales –que sitúan
a España con el mayor índice de Europa– y la pérdida de soberanía en
favor de instituciones europeas o como consecuencia de la firma de
tratados internacionales como el CETA (u otros, como sucederá con el
TTIP). Además, las políticas de ajuste y el adelgazamiento de los
servicios públicos, debilitando el ya insuficiente Estado del bienestar,
la pérdida de calidad del trabajo asalariado unido a la importante fuga
de capitales hacia paraísos fiscales protagonizado por las élites, nos
devuelve la pregunta –una vez más– que ya inquietaba a finales del XIX:
¿qué es España?
No es suficiente apelar a los símbolos
tradicionales y la religión tampoco otorga ahora el papel conformador en
lo ideológico que ha servido desde el 39. A pesar de la euforia del
momento expresado en el rechazo al secesionismo, el problema sigue
estando presente y vivido con preocupación. Las propuestas sobre el
modelo de país que se necesita tendrán que replantearse si se quiere
entrar en un horizonte de futuro que la ciudadanía asuma como un
proyecto propio.
Las corrientes conservadoras y liberales (PP,
C´s y, en lo fundamental, también el PSOE), no ofrecen más perspectiva
que el mantenimiento del statu quo económico y político que ha
interesado a las élites (el régimen del 78) y la inserción en el proceso
de unificación –globalización– económica de los mercados y la cesión de
soberanía en favor de ellos. Así, las instituciones políticas del
Estado solo le interesan como garantes del funcionamiento del sistema.
Para ello, además, incrementan el control ideológico y represivo en
todos los ámbitos de la vida social (incluidas la redes), sustentado
también desde la práctica totalidad de los medios de comunicación.
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