La economía verde fue presentada como una alternativa para solucionar
los problemas socio-ambientales, como el combate a la pobreza, las
desigualdades y la degradación ambiental, y en las convenciones de las
instituciones fue designada como meta de los objetivos del milenio en el
programa de la ONU, por el banco Mundial, la Organización de los
Estados Americanos (OEA), entre otros, en los más diversos sectores de
la economía, supuestamente admitida (la economía verde) como consenso
resultante (era lo que decían) de amplio debate con la sociedad y
transformándose, por lo tanto, en hecho consumado.
Sin embargo,
la “economía verde” no se limita a incluir las variables ambientales en
el debate político-económico. Viene como un paquete forjado por el
sector financiero, arrastrando en su cierne, evidentemente ajustado a
sus intereses, innúmeras iniciativas y propuestas que partieron de la
base excluida de los grandes centros de decisión y de las reuniones de
esas mismas instituciones, que contaron con una ilegítima representación
de los mismos políticos y sus colaboradores en los mega proyectos de
infraestructuras responsables por los impactos ambientales en las
regiones de dónde partieron las propuestas de aquellos que desafían
diurnamente el status quo con su derecho a existir.
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