¿Alguien se acuerda de Bahréin?

 

El país, de apenas 760 kilómetros cuadrados y en el cual se encuentra apostada la V Flota de Estados Unidos, es escenario de confrontaciones y críticas debido al profundo malestar interno, principalmente de la población musulmana de confesión chiíta, mayoritaria en el país pero víctima de prohibiciones y relegada de la administración pública. La monarquía de la familia Al Jalifa, aliada de Arabia Saudí, gobierna a la pequeña nación con mano de hierro y no existe resolución internacional que detenga esa política.

En el informe del BCHR se detalló que las detenciones de los 1883 pobladores se efectuaron en el marco de protestas contra la monarquía. De ese total, indicó la investigación, en el 50 por ciento de los casos las fuerzas de seguridad allanaron las casas sin autorización y encarcelaron a los opositores. La denuncia también reveló que en 2015, al menos 441 personas desaparecieron, de los cuales el 38 por ciento son menores de 18 años. Entre los detenidos más reconocidos se encuentra Nabil Rayab, activista chií y director del BCHR. A esta situación se suma otra arma que la monarquía de Al Jalifa utiliza contra los opositores: al menos 200 ciudadanos fueron despojados de nacionalidad legal al ser acusado por “terroristas”.

Aunque Bahréin sea un país del que casi no se habla, entre 2011 y 2012 fue escenario de revueltas y protestas que continúan hasta el día de hoy. En ese entonces, y como telón de fondo la malograda Primavera Árabe, el país del Golfo –con apenas un millón de habitantes- fue testigo de cómo miles de hombres y mujeres en las calles reclamaban democracia y un mejor nivel de vida. A diferencia de lo sucedido en Libia o Siria, países víctimas de intervenciones extranjeras con el fin de derrocar a sus gobernantes, el territorio de Bahréin fue protegido por Arabia Saudí. Mientras en Manama, capital del país, crecía el número de muertos y heridos por la represión, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), liderado por la Casa de Saud, envió a más de mil soldados para sofocar las manifestaciones. El despliegue de uniformados fue denunciado por pocos países, como el caso de Irán, mientras que la Organización de Naciones Unidas mantuvo un oscuro silencio ante lo que ocurría en la nación, precedida por el rey Hamad bin Isa Al Jalifa y el primer ministro Jalifa bin Salman Al Jalifa, representantes musulmanes del sunnismo y cuya familia define el destino de Bahréin desde el año 1783.