Un golpe parlamentario y el retorno reaccionario de la religión, familia, Dios y contra la corrupción

Al observar el comportamiento de los parlamentarios en los tres días que discutieron la admisibilidad del impedimento de la presidente, Dilma Rousseff, nos parecía estar viendo niñitos divirtiéndose en un jardín de infantes. Gritos de todos lados. Coros recitando sus mantras en contra o a favor del impedimento. Algunos vinieron engalanados con los símbolos de sus causas. Gente vestida de la bandera nacional, como si fuera un día de carnaval. Letreros con sus consignas repetitivas. En fin, un espectáculo poco digno de personas decentes de quienes se esperaría un mínimo de seriedad. Se llegó incluso a hacer un juego de apuestas como si fuera una lotería o un partido el fútbol.

Pero lo más sorprendente fue la figura del presidente de la Cámara que presidió la sesión, el diputado Eduardo Cunha. Ha sido imputado de muchos crímenes y está acusado por el Tribunal Supremo: un gánster juzgando a una mujer decente contra quien nadie se atrevía a atribuirle algún delito.

Tenemos que cuestionar la responsabilidad del Tribunal Supremo Federal por haber permitido este acto que nos avergonzó nacional e internacionalmente, al punto que el New York Times del 15 de abril, escribió: "Ella no robó nada, pero está siendo juzgada por una banda de ladrones." ¿Qué interés secreto alimenta al Tribunal Supremo a cometer una omisión tan escandalosa? Nos negamos a pensar que esté participando en una conspiración.

Durante el razonamiento del voto ocurrió algo absolutamente escandaloso. Se trataba de juzgar si la presidenta había cometido un crimen de irresponsabilidad fiscal con otras gestiones administrativas de las finanzas, como base jurídica para un proceso político de impedimento que implicaría remover a la presidenta del cargo que había conseguido mediante el voto popular mayoritario. Gran parte de los diputados ni siquiera se refirieron a esta base jurídica, el famoso “pedaleo” de impuestos, etc. En lugar de apoyarse jurídicamente en el eventual delito, dieron alas a la politización de la insatisfacción generalizada que se extiende a través de la sociedad por la crisis económica, el desempleo y la corrupción en Petrobras. Esta insatisfacción puede representar un error político de la presidenta, pero no constituye ningún delito.