Angela fue asesinada por su padre en abril de 2003
cuando tenía siete años, durante una visita no vigilada con su
progenitor maltratador. La suya puede considerarse la crónica de una
muerte anunciada, porque a pesar de las 51 denuncias presentadas por su
madre, Ángela González Carreño, desde que se separó de su marido en
1999, nadie tomó las medidas necesarias para impedir su asesinato.
Ni las amenazas, ni las denuncias, ni las entrevistas con psicólogos y
psiquiatras, ni los servicios sociales, ni la negativa de la niña a ver a
su padre pusieron fin entonces a esas visitas no supervisadas. Pero la
cosa no mejoró desde entonces. Ángela lleva desde entonces demandando
justicia y reparación y, sobre todo, medidas que impidan que casos como
el suyo vuelvan a repetirse.
Hoy, 14 años después de iniciar esta lucha, Ángela González vuelve al
punto de partida. "Al punto cero", como lo denomina. Ningún tribunal
español reconoció fallos en los organismos del Estado que debían
proteger a su hija. El caso llegó en 2011 al Tribunal Constitucional,
que dictaminó que no cabía un recurso de amparo ante ese tribunal. Tuvo
que ser un organismo internacional de Naciones Unidas, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), quien le diese la razón condenando a España en julio de 2014
por el asesinato de Andrea.
Sem comentários:
Enviar um comentário