El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, en un discurso cargado de una retórica hostil, que rememoró los
tiempos de la confrontación abierta con nuestro país, pronunciado en un
teatro de Miami, anunció la política de su gobierno hacia Cuba que
revierte avances alcanzados en los dos últimos años, después que el 17
de diciembre de 2014 los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama
dieran a conocer la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e
iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales.
En
lo que constituye un retroceso en las relaciones entre los dos países,
Trump pronunció un discurso y firmó en el propio acto una directiva de
política denominada “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre
el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”
disponiendo la eliminación de los intercambios educacionales “pueblo a
pueblo” a título individual y una mayor fiscalización de los viajeros
estadounidenses a Cuba, así como la prohibición de las transacciones
económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con
empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y
los servicios de inteligencia y seguridad, todo ello con el pretendido
objetivo de privarnos de ingresos. El mandatario estadounidense
justificó esta política con supuestas preocupaciones sobre la situación
de los derechos humanos en Cuba y la necesidad de aplicar rigurosamente
las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como
cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que nuestro país
realice cambios inherentes a su ordenamiento constitucional.
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