Conocí a Ángela González Carreño el martes 2 de febrero de 2016. Hacía
entonces casi trece años que su exmarido había asesinado a la hija de
ambos de un tiro de revólver.
Nos encontramos en la sede que la organización pro derechos humanos
Women’s Link tiene en el centro de Madrid, y le conté que desde que, en
2003, un par de días después del crimen, leí la noticia en los diarios,
no había dejado de pensar en ello. Ángela pasó tres años llamando a
todas las puertas semanalmente –3 años, cada semana–, alertando de lo
que sucedería si le obligaban a dejar a su hija a solas con el padre.
Finalmente, una jueza le obligó a acatar un régimen de visitas que incluía el encuentro de padre e hija sin vigilancia. Tal como había avisado Ángela con desespero, él la mató. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre. Cuando la conocí, hace algo más de un año, Ángela y las abogadas de Women’s Link esperaban sendas sentencias de la Audiencia Nacional. La ONU había condenado al Estado español a reparar e indemnizar a Ángela a causa del desamparo sufrido por ella y su hija y por la negligencia de la Justicia española, que desoyó en 51 ocasiones la denuncia y la alerta de la madre. Antes lo habían intentado en los juzgados ordinarios, en la Audiencia Provincial de Madrid, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo e incluso apelando al ministro de Justicia, en aquella ocasión Juan Fernando López Aguilar (PSOE).
Intentaron, una y otra vez, infructuosamente, que el Estado español reconociera su responsabilidad en el asesinato de su hija Andrea. La historia de Ángela desde aquel 24 de abril de 2003 hasta hoy mismo es la demostración palmaria de que el Estado español, sea cual haya sido su Gobierno, el poder judicial o el ministro de turno, no ha asumido el significado de la violencia machista. No es que no exista una financiación de la prevención de la tortura y la muerte, es que cuando el asesinato se produce, y aun demostrada la responsabilidad de las instituciones, el Estado la rechaza. La historia de Ángela es seguramente la descripción más clara en España de la violencia que las instituciones ejercen contra las víctimas de la violencia machista. Una segunda violencia, institucional. Esta:
Finalmente, una jueza le obligó a acatar un régimen de visitas que incluía el encuentro de padre e hija sin vigilancia. Tal como había avisado Ángela con desespero, él la mató. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre. Cuando la conocí, hace algo más de un año, Ángela y las abogadas de Women’s Link esperaban sendas sentencias de la Audiencia Nacional. La ONU había condenado al Estado español a reparar e indemnizar a Ángela a causa del desamparo sufrido por ella y su hija y por la negligencia de la Justicia española, que desoyó en 51 ocasiones la denuncia y la alerta de la madre. Antes lo habían intentado en los juzgados ordinarios, en la Audiencia Provincial de Madrid, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo e incluso apelando al ministro de Justicia, en aquella ocasión Juan Fernando López Aguilar (PSOE).
Intentaron, una y otra vez, infructuosamente, que el Estado español reconociera su responsabilidad en el asesinato de su hija Andrea. La historia de Ángela desde aquel 24 de abril de 2003 hasta hoy mismo es la demostración palmaria de que el Estado español, sea cual haya sido su Gobierno, el poder judicial o el ministro de turno, no ha asumido el significado de la violencia machista. No es que no exista una financiación de la prevención de la tortura y la muerte, es que cuando el asesinato se produce, y aun demostrada la responsabilidad de las instituciones, el Estado la rechaza. La historia de Ángela es seguramente la descripción más clara en España de la violencia que las instituciones ejercen contra las víctimas de la violencia machista. Una segunda violencia, institucional. Esta:
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