La “guerra de la UE contra el tráfico de personas”, que David Cameron
intensificó la pasada semana, parece seguir el modelo de la fracasada
“guerra contra las drogas”; un nuevo informe de la Cámara de los Lores
muestra que está ocasionando ya los mismos resultados desastrosos.
El 19 de abril de 2015, el naufragio de un único barco de refugiados frente a la costa de Lampedusa hizo que murieran ahogadas más de 700 personas. A finales de mes, alrededor de 1.300 habían seguido el mismo destino, convirtiendo ese abril en el mes más mortífero registrado en la crisis mediterránea de refugiados. La tragedia fue el resultado directo de la campaña orquestada por los británicos con el objetivo de poner fin a la operación italiana de búsqueda y rescate Mare Nostrum, que había impedido que se produjeran esos ahogamientos masivos antes de que decidieran liquidarla en octubre de 2014. Esos sucesos produjeron una protesta pública y una serie de presiones para volver a poner en marcha las operaciones de búsqueda y rescate; no obstante, el Consejo Europeo se resistió a esas presiones y, a cambio, el 23 de abril de 2015 adoptó una resolución redactada por Gran Bretaña que prometía “emprender esfuerzos sistemáticos para identificar, capturar y destruir las embarcaciones [de refugiados]”. La U.E. estaba avisando de que su respuesta ante la crisis de refugiados no iba a basarse ya en compromisos humanitarios sino en la fuerza militar. No por mera coincidencia había sido una propuesta originalmente hecha cinco años antes por el fascista británico Nick Griffin.
En aquel momento escribí que ese tipo de política encarnaba todos los defectos económicos básicos de las tres décadas de desastrosa “guerra contra las drogas”, y que iba a producir los mismos resultados devastadores. Concentrarse en bombardear la oferta sin abordar la demanda, como cualquier estudiante de economía podría contarles, haría subir los precios mientras concentraba el comercio en manos de los proveedores más despiadados y militarizados. Como consecuencia, el comercio iba a ser más letal y más rentable pero no iba a reducirse, mientras que la demanda quedaría inalterada. Este ha sido precisamente el resultado de la guerra contra las drogas, como demuestra sombríamente el número de asesinatos en la provincia mexicana de Jalisco: 100.000 en ocho años. Y como demuestra un informe anterior de la Cámara de los Lores, los mismos resultados están empezando a aparecer como resultado de la guerra de la U.E. contra la migración.
El 19 de abril de 2015, el naufragio de un único barco de refugiados frente a la costa de Lampedusa hizo que murieran ahogadas más de 700 personas. A finales de mes, alrededor de 1.300 habían seguido el mismo destino, convirtiendo ese abril en el mes más mortífero registrado en la crisis mediterránea de refugiados. La tragedia fue el resultado directo de la campaña orquestada por los británicos con el objetivo de poner fin a la operación italiana de búsqueda y rescate Mare Nostrum, que había impedido que se produjeran esos ahogamientos masivos antes de que decidieran liquidarla en octubre de 2014. Esos sucesos produjeron una protesta pública y una serie de presiones para volver a poner en marcha las operaciones de búsqueda y rescate; no obstante, el Consejo Europeo se resistió a esas presiones y, a cambio, el 23 de abril de 2015 adoptó una resolución redactada por Gran Bretaña que prometía “emprender esfuerzos sistemáticos para identificar, capturar y destruir las embarcaciones [de refugiados]”. La U.E. estaba avisando de que su respuesta ante la crisis de refugiados no iba a basarse ya en compromisos humanitarios sino en la fuerza militar. No por mera coincidencia había sido una propuesta originalmente hecha cinco años antes por el fascista británico Nick Griffin.
En aquel momento escribí que ese tipo de política encarnaba todos los defectos económicos básicos de las tres décadas de desastrosa “guerra contra las drogas”, y que iba a producir los mismos resultados devastadores. Concentrarse en bombardear la oferta sin abordar la demanda, como cualquier estudiante de economía podría contarles, haría subir los precios mientras concentraba el comercio en manos de los proveedores más despiadados y militarizados. Como consecuencia, el comercio iba a ser más letal y más rentable pero no iba a reducirse, mientras que la demanda quedaría inalterada. Este ha sido precisamente el resultado de la guerra contra las drogas, como demuestra sombríamente el número de asesinatos en la provincia mexicana de Jalisco: 100.000 en ocho años. Y como demuestra un informe anterior de la Cámara de los Lores, los mismos resultados están empezando a aparecer como resultado de la guerra de la U.E. contra la migración.
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